El miércoles, el conseller de Turismo, Celestí Alomar, y el de Hacienda y Presupuestos, Joan Mesquida,
presentaron el borrador del
proyecto de Ley de creación del
Impuesto Ecoturístico, conocido popularmente como ecotasa. Ayer jueves, tanto los hoteleros,
como los ecologistas del GOB, manifestaron su opinión sobre el nuevo impuesto y coincidieron en algunos aspectos como en
señalar que la actual propuesta de cobrar el impuesto turístico en los establecimientos de alojamiento no es perfecta, ya que a un
tanto por ciento de los turistas no se les aplicará el impuesto.
Según el
GOB, la mejor manera de recaudar el impuesto es a través de los transportes, ya sea en barcos y aviones, ya sea en el
aeropuerto y el puerto. La organización ecologista opina que la aplicación del nuevo impuesto obligará a incrementar el control sobre
la oferta ilegal. En cambio, fuentes de la
Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) quitan importancia a lo que se
considera como oferta ilegal ya que tan solo se produce cuando los establecimientos contratan estancias por días o por semanas.
Por tanto, no afecta al grueso de oferta de alojamiento en casas y apartamentos que alquilan las viviendas a turistas por meses o
períodos superiores y que actualmente no son considerados como establecimientos turísticos, estando sólo fiscalmente obligados
a declarar las rentas obtenidas en concepto de alquiler de vivienda y, en consecuencia, no sujetos a la normativa que afecta a los
establecimientos considerados como turísticos.
Los ecologistas valoran positivamente que el Govern haya concretado la propuesta de ecotasa aunque insisten en que el impuesto
debe ser realmente finalista y dirigido a financiar actuaciones ambientales, especialmente las dirigidas a conservar el territorio. En
este sentido, consideran imprescindible que exista un órgano de control sobre el destino del Fondo de la ecotasa formado por
representantes de toda la sociedad civil, Ayuntamientos, Consells y Govern. Además, el GOB cree que el importe del nuevo
impuesto debe ser diferente en función de la época del año, con el objetivo de estabilizar y reducir el número de turistas que nos
visitan durante el verano.
Por su lado, la FEHM considera que el nuevo impuesto es discriminatorio ya que no afecta a todo el sector turístico, sino tan solo al
subsector dedicado al alojamiento. La patronal hotelera indica que representan el 50% del PIB Balear y que su contribución fiscal
ya es muy importante. Los hoteleros opinan que su aportación tributaria es suficiente para compensar los desequilibrios
ambientales que generan y que el nuevo impuesto les puede restar competitividad ya que gran parte del "mercado" no son los
turistas en singular, sino los operadores turísticos, y estos pueden no aceptar un incremento de precios, lo que afectaría a las
cuentas de explotación de las empresas turísticas. Los hoteleros, igual que muchas otras voces del ámbito político, económico y
social, consideran que el problema recae en el déficit fiscal que padecen las islas Balears, consecuencia de que la contribución global a la
hacienda del Estado por parte de las islas es en relación al movimiento económico que generan los 12 millones de turistas al año
que reciben las Baleares y, en cambio, las aportaciones presupuestarias del Estado a la Comunidad Autónoma se computan
básicamente en relación a los 800.000 habitantes censados.
La patronal hotelera está en contra de la aplicación del impuesto, pero sus dirigentes insisten en que hay que rebajar la intensidad
del debate sobre este tema, y que es necesario evitar dividir a la sociedad como ahora está sucediendo en el tema de la posible
declaración de parques naturales en la Serra de Llevant y en la Serra de Tramuntana. No obstante, la FEHM ha encargado un
estudio jurídico de la situación a un prestigioso bufete de abogados de Madrid con el objetivo de considerar la presentación de un
recurso judicial de inconstitucionalidad en base al hecho de que el nuevo impuesto no cumple el principio de igualdad al recaer
únicamente sobre el subsector hotelero. Además, la Federación Hotelera ha encargado un informe a una consultoría para estudiar el
coste real del nuevo impuesto en las cuentas de explotación de las empresas turísticas en el caso de que los operadores no
acepten incluir la ecotasa dentro de los paquetes turísticos.
En cuanto a la polémica sobre los Parques Naturales, el GOB ha decidido
crear una Plataforma de entidades y asociaciones a favor
de los parques naturales y ha editado
5.000 folletos informativos sobre el PORN de la península de Artà y sobre la posible
declaración de uno o más espacios protegidos en esta zona. Por su parte, la Conselleria de Medio Ambiente del
Govern de les Illes
Balears ha elaborado un esquema titulado "
Espais naturals: Procés de participació ciutadana i informació pública", en el cual de
forma muy didáctica muestra las diferentes fases necesarias para aprobar un Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y
las propuestas de conservación que de él se deriven.
Los oponentes a la declaración de parques naturales que afecten fincas de titularidad privada, como la FARB, o la Asociación de
Propietarios de Fincas Rústicas de Baleares, no piensan ceder en sus reivindicaciones. Ayer mismo, Fernando Fortuny,
presidente de la asocición de propietarios, intervino en el plenario del
Ayuntamiento de Palma para expresar su rechazo a la
declaración de parques sobre terrenos privados. El pleno del Ayuntamiento, después de un intenso debate, aprobó una moción que
insta al Govern, de acuerdo con la
ley 4/1989, del 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestre, a crear tan solo parques naturales en fincas de propiedad pública.
En la misma linea, el pleno del
Ayuntamiento de Andratx acordó ayer instar a que el Parc Natural de la Serra de Tramuntana
se limite a fincas públicas. La moción aprobada, que contó con el respaldo del Partido Popular, difiere de la presentada por el
grupo municipal de Unió Mallorquina en la que se dejaba una puerta abierta a la futura integración voluntaria de propiedades privadas
en el Parc Natural de la Serra, en consonancia con el discurso que mantiene Maria Antònia Munar y con la moción aprobada por el Ayuntamiento de Palma, con el apoyo del PP y UM.
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